Función Pública.- Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Décima, mediante Sentencia de 11 de junio del 2010, ha estimado un recurso interpuesto por nuestro bufete en relación con la denegación de cancelación de una sanción grave impuesta a un funcionario. La Administración y el Juzgado a quo estimaron la improcedencia de la cancelación toda vez que el funcionario tenía informes contrarios a la “buena conducta”, que se concreta en un elevado absentismo laboral, una conducta agresiva y antisocial, y la existencia de dos expedientes disciplinarios en trámite.
La Sala revoca la Sentencia y estima el recurso que interpusimos, argumentando que los preceptos analizados no exigen que sea el propio funcionario interesado a quien incumba la carga de probar su “buena conducta”, y la misma podrá predicarse en el caso de no constar datos objetivos de carácter negativo de los que extraer tal consecuencia:
“El concepto de buena conducta -dice la Sala- constituye un concepto jurídico indeterminado que deberá integrarse por los hechos transcurridos desde la imposición de la sanción hasta el momento en que se solicite la cancelación. La Ley no exige específicamente que en ese período no se hayan cometido nuevas infracciones por el interesado, ni tampoco se refiere específicamente a que se hayan impuesto sanciones por eventuales infracciones, ni tampoco a la conducta del funcionario que cumple con los deberes y obligaciones que le corresponden en el ejercicio de su actividad profesional, ni tampoco al cumplimiento de esta actividad profesional con arreglo a los principios que deben regirla. Constituye un precepto que utiliza un concepto que ha de ser integrado mediante una interpretación basada en datos fácticos susceptibles de ser acreditados o desvirtuados mediante los medios probatorios admitidos en derecho pero al margen de opiniones o juicios de moralidad ligados a criterios personales, creencias o ideología”.